La normativa exige a los servicios de salud facilitar los informes financieros, con el detalle de los precios de las prestaciones que recibió el paciente, además de los insumos, medicamentos y exámenes.
Junto con otros derechos, como el resguardo de sus fichas clínicas, los usuarios deberán cumplir ciertos deberes, como entregar información veraz de su identidad al centro asistencial y el trato respetuoso del personal.
Carolina Espinoza, presidenta de la Confederación de Trabajadores de la Salud Municipalizada, valoró la promulgación de esta ley, luego de tramitarse por 11 años en el Congreso, y la calificó como un avance, “en tanto permita una salud de mejor calidad para la gente”, afirmó.
Aún así, la dirigenta agregó que la iniciativa “adolece de medidas concretas para poder implementarse, debido a la carencia de recursos humanos”.
Además, se refirió a un tema que catalogó como “delicado”, pero necesario de abordar, “algo que esta ley no hace”, según manifestó.
“Dentro de lo que pudiera mirar como pendiente en esta ley es que no se hace cargo del buen morir, que es un tema que está pendiente, que la ley no resuelve, porque claramente hay un problema de una perspectiva ideológica. Nosotros creemos que no nos acerca a situaciones que ya en otros países de ha regulado de mejor manera”, explicó la dirigenta de la salud municipalizada.
Carolina Espinoza criticó también la escaza participación de usuarios y trabajadores en la discusión de esta normativa.
En este sentido, la presidenta de la Confusam, dijo que “hoy los espacios de diálogo no son muy fluidos, no existe una dinámica por parte de las autoridades de gobierno para trabajar en coordinación con la ciudadanía, ni tampoco considerar la opinión técnica, que puedan tener los principales actores de estos procesos, que son los trabajadores, que estamos todos los días en terreno implementando las acciones, por lo tanto, es otro accionar más que nos aleja de la concreción real de estas leyes”.
Elizabeth Vera, presidenta de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Salud, si bien valoró la promulgación de esta ley, que entrará en vigencia el 24 de octubre de este año, señaló que su discusión se acotó sólo a actores políticos.
Además, criticó que no se haya profundizado en temas como la eutanasia, las categorías de enfermo terminal y el consentimiento informado.
“Hay puntos en los cuales hay que profundizar más y conversarlo en conjunto con toda la ciudadanía, es como una ley vaga y en un momento dado va a haber un problema en ese sentido y no vamos a saber cómo atacarlo”, señaló Elizabeth Vera.
La normativa permite, también, inscribir el nacimiento de hijos en el lugar donde vive la madre o el padre y no precisamente el hospital donde se produjo el parto.
Los pacientes estarán facultados para exigir una atención oportuna, lo que se traducirá en que los servicios de salud respeten los horarios de consulta y los plazos establecidos para las cirugías.
