En una audiencia del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, Darrell Issa, representante republicano por el estado de California y presidente del Comité, exhibió a los agentes de ATF, William McMahon y William Newell, subdirector de Operaciones de la Región Oeste, y agente especial a cargo de la Oficina de Phoenix, respectivamente, a quienes acusó de ser responsables de armar a los cárteles del narcotráfico mexicano a través de la fracasada operación Rápido y Furioso.
“Ustedes son supervisores de ATF, quienes optaron por permitir el flujo de armas adquiridas de manera ilegal en Estados Unidos y que directamente terminaron en manos de los cárteles de las droga de México”, acusó el congresista Darrell Issa.
La sesión, la primera audiencia pública en la que participan McMahon y Newell para hablar sobre Rápido y Furioso, fue un interrogatorio minucioso contra estos dos agentes de la ATF, quienes ocultaron a las autoridades de su país y a las de México el trasfondo del caso que permitió a los narcotraficantes adquirir unas 2mil 500 armas en territorio estadunidense para introducirles ilegalmente a México.
“Ahora entiendo que cometimos errores”, dijo Newell en respuesta a una de las decenas de preguntas que le formularon en la audiencia, y que sólo se limitó a contestar con evasivas.
“Debimos haber revisado con más cuidado los documentos de la investigación”, acotó Newell cuando el congresista Issa le preguntó que si aún consideraba que Rápido y Furioso fue una “operación fabulosa”, justo ahora que se cataloga como fiasco.
A la sesión legislativa también fueron invitados a testificar, el actual jefe de la ATF en México y el anterior, Carlos Canino y Darren Gil, José Wall, agente especial de la oficina de la ATF en Tijuana y Lorren Leadmon, jefe de operaciones de para asuntos de inteligencia en la frontera sur, de la misma dependencia.
Estos cuatro expertos en el combate al tráfico de armas, criticaron a la Oficina de la ATF en Phoenix, no sólo por haber diseñado a una operación que sabían que no funcionaría, sino por haber ocultado el caso y sacarlo a la luz hasta noviembre de 2009, cuando se descubrió que las armas que ellos estaban permitiendo que se compraran de manera ilegal están teniendo como destinatarios a los cárteles mexicanos del narcotráfico.
“En mi opinión profesional, fue errónea esta estrategia de investigación. Y se permitió que continuara por una supervisión inefectiva en Phoenix y posiblemente más allá”, subrayó Canino de manera enfática.
“Se dice que fueron más de 2 mil armas las que se traficaron en esta investigación”, continuó el jefe de la ATF en México, para luego rematar con una analogía: “Para poner esto en contexto, y con base en información y en posibilidades: el regimiento numero 75 del Ejército tiene aproximadamente a 2 mil 500 efectivos, esto significa que como resultado de esta investigación, el cártel de Sinaloa podría haber recibido casi tantas armas como las que se necesitan para armar a un regimiento entero.”
De acuerdo con una investigación sobre Rápido y Furioso, realizada por el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, que justo se dio a conocer horas antes de que iniciara la audiencia, se confirmó que poco más de 200 armas que se traficaron de manera ilegal a nuestro país, gracias a Rápido y Furioso, han sido decomisadas o encontradas en escenarios de crímenes cometidos en México.
Sin embargo, por más que los legisladores acorralaron a los dos agentes de la oficina de la ATF en Phoenix, éstos nunca aceptaron públicamente en la audiencia, que agentes bajo sus órdenes permitieron que las armas cruzaran la frontera sur de Estados Unidos hacia México.
Rápido y Furioso fue diseñada supuestamente para desmantelar a las redes del tráfico de armas hacia México. El operativo permitió que la ATF en Phoenix contratara a reconocidos traficantes de armas para hacer compras múltiples, con el objeto de rastrear al arsenal cuando fuera adquirido por intermediarios que las llevan posteriormente de manera ilegal a México.
La idea original de la ATF en Phoenix era rastrear todas las armas que compraran los traficantes y con ello desmantelar a la red del flujo ilegal de armamento. El propósito no dio resultado y terminó siendo un facilitador para que los cárteles mexicanos adquirieran armas.
Gil, Canino y Wall, señalaron a los legisladores que ellos se enteraron de Rápido y Furioso cuando en una población de Sonora se confiscaron nueve armas, las cuales, tras revisar la base de datos, se supo que habían sido adquiridas por medio de la operación Rápido y Furioso.
La investigación sobre el origen de las nueve armas decomisadas en Sonora subsecuentemente permitió que se comprobara que la misma persona que las había comprado en Phoenix, adquirió en esa misma ciudad otras 700 armas.
