Si lo que sucede en Canarias es un síntoma, el sistema nacional de salud está gravemente enfermo. Y, lo que es peor, es un manirroto. Un estudio hecho solamente con el gasto en técnicas de rehabilitación para dolores de cuello, espalda y hombro arroja que entre 2007 y 2010 se derrocharon por lo menos tres millones de euros en tratamientos inútiles cuando no directamente perjudiciales.
El trabajo, que ha sido financiado por entidades sin ánimo de lucro como la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, el Instituto de Salud Carlos III, la Fundación Canaria de Investigación y Salud y la Fundación Kovacs (especializada en dolores de espalda), se ha centrado en Canarias, simplemente, porque tiene datos al respecto, han explicado el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, y el de la Fundación Kovacs, Francisco Kovacs.
El cálculo es muy conservador, ha dicho Kovacs, ya que se ha centrado en lo que se puede medir: lo gastado en centros privados concertados que dan rehabilitación, y esto supone un 70% de lo que dedicó la comunidad. Además, los criterios con los que se revisaron las técnicas fueron muy generosos, ya que se tomó la opinión más favorable de todas las publicadas.
Extrapolar estos datos de ineficiencia y de derroche es imposible, como recordó el presidente de la OMC. Solo en el caso de las mismas patologías, y teniendo en cuenta que las comunidades ofertan más o menos lo mismo, en el periodo estudiado el desembolso en técnicas inútiles superaría los 75 millones, calculó Kovacs. Para ello, tomó los tres millones del estudio y los multiplicó por 25, ya que aproximadamente uno de cada 25 españoles vive en Canarias.
Pero lo importante del trabajo, como se encargaron de insistir los dos ponentes, no es el dato en sí, sino lo que representa. Y más en tiempos de crisis y de recortes. Precisamente ayer los colegios de médicos de toda España suscribieron un manifiesto en el que se comprometían a denunciar los malos usos, y este trabajo puede ser la primera piedra en ese camino. Por eso Kovacs y Sendín coincidieron en que antes de hablar de recortes indiscriminados o, más allá, de implantar una tasa por receta como va a hacer Cataluña- habría que reevaluar lo que se está haciendo, ya que eliminar terapias inútiles podría ser el primer paso, y no supondría ningún tipo de merma de prestaciones. La Organización Mundial de la Salud calcula que el 30% de ellas son, en el mundo, inoperantes.
A España no le faltan herramientas para ello. Aparte de la Agencia de Evaluación estatal, hay otras seis comunidades que tienen una, aparte de servicios en cada autonomía. Pero si en el caso de los nuevos fármacos se exigen ensayos lo que no evita que el 50% de las reacciones adversas se detecten cuando ya están en el mercado, dijo Kovacs-, en las tecnologías esto no es así en muchos casos.
Y hay otro aspecto posterior: que las autoridades luego apliquen las recomendaciones de sus propios expertos. En el caso de este estudio, que ha sido publicado en BMC Musculoeskeletal Disorders, no hay constancia de que el Gobierno canario, que lo encargó, haya tomado medidas para dejar de financiar los tratamientos inútiles (Kovacs apuntó al cambio en el Ejecutivo de la comunidad como una posible causa).
El sistema para quitar lo obsoleto de las prestaciones está obturado, denuncia Juan José Artells, experto en consultoría sanitaria que ahora trabaja en Cic Co. El cúmulo de agencias regionales no ha tenido ningún efecto en el saneamiento del catálogo de prestaciones, añade. El ministerio quiere reforzar su papel, e intentará que las agencias trabajen en red, según una portavoz.
Mejorar la eficacia del sistema es también la clave de los datos que maneja la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Esta afirma que solo con evitar el uso de medicamentos innecesarios se podían ahorrar 1.300 millones al año. A ellos se añadirían 950 millones por una adecuada utilización de las tecnologías sanitarias. La disminución de la hospitalización innecesaria aportaría 5.750 millones, y reducir en un 10% las visitas a urgencias supondría otros 650 millones.
En la línea de un mejor uso de los recursos, disminuir los efectos adversos durante la hospitalización, como las infecciones, podría aportar otros 975 millones. Junto con la prescripción por principio activo, estas medidas podrían suponer un ahorro de más de 13.000 millones (un 22% del gasto sanitario público, según los datos del Ministerio de Sanidad).
A otro nivel, el reciente estudio del ministerio sobre la inutilidad de muchas terapias alternativas, empezando por la homeopatía, no ha llevado a que se limite su uso. Aunque, eso sí, en la mayoría de los casos estas se aplican en la sanidad privada, y no en la pública, con la excepción de algunos tratamientos de acupuntura para los que parece que hay algunas evidencias.
